El objeto de cualquier normativa es organizar la actividad a la que está referida de la forma más justa y eficiente posible. Pero en el ámbito de la música nos encontramos con que no existe, ni hasta hace poco se había siquiera planteado su redacción, una legislación específica que la regule respetando su idiosincrasia y lo que la diferencia de la enseñanza general. Esto provoca disfunciones de diverso tipo que son el tema del artículo de este mes.
Por Juan Mari Ruiz
En la encuesta realizada en abril se pidió a los profesores de escuelas de música y conservatorios profesionales y superiores que calificaran del 1 al 5 la adecuación de la normativa vigente y su aplicación a las necesidades reales de su centro. La media de esas opiniones arroja una calificación de 2,46 —tengamos en cuenta que el aprobado se situaría en el 3 dentro de esa escala—. Como se puede observar en la gráfica, existen algunas diferencias entre los niveles educativos, y el descontento resulta más patente a medida que vamos ascendiendo, con una calificación de 2,73 en las escuelas de música, un 2,47 en los conservatorios profesionales y un 1,99 en los superiores.
Al trasladar las calificaciones a la tradicional escala de 0 a 10 obtenemos un 4,34 en las escuelas, un 3,66 en los conservatorios profesionales y un 1,98 en los superiores, con una media de 3,66. Como vemos, el actual marco legal suspende en todos los niveles según la opinión de quienes trabajan en ellos, por eso resulta tan urgente disponer de una legislación adecuada a la realidad de los centros de enseñanza musical.
Los encuestados describen problemas causados por esta legislación en ámbitos muy diversos, tales como la organización de los planes de estudio, la gestión de los horarios del centro, la compatibilidad entre la actividad docente y la artística, y la dificultad de encontrar cursos de formación del profesorado adecuados a la actividad docente musical.
La mayoría de esos problemas parecen ser causados por una falta de conocimiento y de empatía de la Administración hacia nuestras enseñanzas. Hay que tener en cuenta que el colectivo de profesores y estudiantes de música representa una minoría dentro del conjunto total de personas involucradas en la enseñanza en España, y varios comentarios aluden a que en la mayoría de los casos los responsables de legislar en al ámbito musical no pertenecen al mismo. Por eso reclaman que las Enseñanzas Artísticas salgan del marco de la legislación de la Enseñanza Secundaria mediante una legislación elaborada por especialistas en la materia —músicos profesionales y profesores de música— y que se cree un organismo encargado de regularlas. Algunos describen también un servicio de inspección que no está formado para trabajar con las Enseñanzas de Régimen Especial en general y con los conservatorios de música en particular, y defienden que los inspectores estén especializados en estos centros y se dediquen exclusivamente a ellos, sin llevar al mismo tiempo la responsabilidad de centros de Primaria o Secundaria.
La normativa por la que se rige un conservatorio profesional, por ejemplo, deriva de la de la Enseñanza Secundaria, pero la formación que ofrece ese centro y su funcionamiento tienen más en común con la más humilde de las escuelas de música, por un extremo, y el más prestigioso de los conservatorios superiores, por el otro, que con cualquier instituto. Por eso es necesaria una legislación que abarque de forma completa y exclusiva la educación musical.
Según uno de los profesores, ‘la falta de adecuación de la normativa a la realidad pedagógica de los centros provoca problemas muy serios y acaba llevando a que el profesorado opere permanentemente en un ámbito paralelo al de la legalidad, puesto que esta, además de inabarcable, es de imposible seguimiento o de clamorosa irrealidad’. En este sentido, otros profesores denuncian que su centro no les permite organizar actividades que supongan una modificación de los horarios, y otros que ante las trabas que se les presentan y los trámites burocráticos que deben cumplimentar acaban haciéndolo ‘a escondidas, porque si pasamos por la dirección del centro no nos dejan hacerlas’. Ambas citas son textuales.
Varios profesores reclaman cursos específicos relacionados con sus necesidades porque, según afirman, la formación ofrecida a los profesores de conservatorio por la administración educativa no responde generalmente a lo que requiere el colectivo. No se les pregunta acerca de ello y finalmente deben buscar la formación en otras instituciones pero con la evidente contradicción de que esa formación, si bien cumple mucho mejor con sus necesidades reales, es reconocida con una menor puntuación dentro del baremo de méritos para oposiciones o concursos de traslados.
Algunos encuestados describen la dificultad que representa para los alumnos simultanear los estudios musicales con los del instituto, por lo que proponen una reflexión sobre la enseñanza reglada en los conservatorios y hacia dónde se quieren dirigir estos centros. También defienden potenciar en la sociedad la imagen de estos estudios como una actividad educativa y no únicamente de ocio. Algunos reclaman una mayor coordinación de los estudios de Grado Profesional con los de Secundaria, con horarios compatibles y un sistema de convalidaciones, algo que ya existe, pero que quizá no es conocido por todos los estudiantes. En todo caso, su aplicación es bastante dispar según las comunidades autónomas.
Una propuesta es la elaboración de planes de estudios acordes con los nuevos intereses musicales, facilitando la flexibilidad en la elección de asignaturas y la carga lectiva en cada curso, condicionando la obtención del título a la superación de todas las asignaturas de currículo —hay quien recuerda el funcionamiento del Plan del 66, que terminó con la instauración de la LOGSE en la década de los 90—. A este planteamiento cabría objetar si de esta manera no se estaría, de forma involuntaria, fomentando precisamente la consideración de la música como una actividad extraescolar y no encaminada a la obtención de un título profesional. En este sentido, hay quien propone fomentar las escuelas de música para aquellos alumnos que solo quieren estudiar de forma amateur.
Muchos participantes en la encuesta, tanto estudiantes como profesores, abogan por poner en marcha planes de estudio realistas y actualizados, con materias y asignaturas impartidas por buenos profesores que sean profesionales en activo en sus ámbitos, y que permitan al alumnado una mejor y más rápida integración en el mercado laboral. También proponen revisar la proporción entre asignaturas instrumentales y teóricas y respetar, en el caso del Grado Superior, la proporción de trabajo que requiere cada una según su carga de créditos. Algunos afirman que los alumnos en la actualidad disponen de menos tiempo de estudio de su instrumento que antaño.
Otra propuesta es realizar cambios normativos que flexibilicen la obligatoriedad de la asistencia presencial del alumnado y proponen que ciertas asignaturas tengan carácter cuatrimestral o se puedan cursar en la modalidad online —en otro artículo de ‘¿Estudias música? ¿Y qué más?’ hablaremos de la preparación de los centros, estudiantes y profesores para este tipo de enseñanza y su disponibilidad de material y formación en este ámbito—.
En cuanto a la compatibilidad con la actividad artística del profesorado, algunos alumnos y profesores observan que la legislación vigente en la mayoría de las comunidades autónomas no permite a los profesores realizar una actividad concertística paralela a la docente, y opinan que eso favorece la mediocridad. Afirman que salir al escenario debería ser un requisito para cualquier docente en el ámbito de la interpretación y abogan por implantar el modelo de profesor-artista. Observan que al igual que las universidades son centros de docencia pero al mismo tiempo de investigación y obtención de nuevo conocimiento, los conservatorios superiores deberían permitir y fomentar el compaginar la docencia con la producción artística. Según estos, los docentes deberían tener más días de permiso para desarrollar su labor como concertistas y defienden no tener que elegir entre una y otra actividad, siendo ambas complementarias y necesarias. Pero afirman que en la actualidad se facilita poco la labor artística, con lo cual el alumno no se puede enriquecer de la experiencia del profesor. Otros abogan por apoyar el desarrollo profesional del profesorado fuera del centro y para ello flexibilizar la organización de la jornada laboral, por ejemplo, con un control de asistencia cuatrimestral y no diario o semanal. Pero aunque varía de unas a otras, en algunas comunidades esa posibilidad de mantener ambas actividades es prácticamente inexistente.
Algunos defienden que las Enseñanzas Artísticas de Grado Superior tengan carácter universitario. En la actualidad ya es así a nivel académico, siendo sus títulos equivalentes, y cabría preguntarse si una integración directa mantendría su autonomía y respetaría lo específico de la enseñanza musical o si, por el contrario, volvería a encontrarse dentro de un marco que no le corresponde.
Como vemos, la opinión generalizada es que la normativa por la que se rigen los centros de enseñanza musical resulta ser completamente inadecuada. Se limita a copiar muchos aspectos de la Enseñanza Secundaria sin tener en cuenta que la de la música es completamente diferente y con unas especificidades que hacen necesaria una normativa propia. La elaboración de esta normativa debería estar encomendada a profesionales en activo y con experiencia, no a políticos o a especialistas en otras áreas de la enseñanza que pueden tener muy buenas intenciones y una gran voluntad de mejorar la existente, pero no los conocimientos prácticos imprescindibles sobre nuestra especialidad y sus necesidades.
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